Senador Moreira destacó avance del proyecto de ley que aumenta sanciones a quienes no cumplan la cuarentena.

La iniciativa eleva las multas en hasta 10 veces, en relación con lo que hoy establece el Código Penal y amplia sus competencias para multar a empresas.

La Sala del Senado ya despachó esta iniciativa, en el marco de la serie de medidas que se han adoptado por la contingencia del Coronavirus.

Se aumentan las sanciones que existen en el Código Penal, elevándolas en hasta 10 veces el tope de la multa. También, se crea una nueva sanción para el empleador, que, en conocimiento de la situación, obligue a una persona a trabajar cuando está establecida una cuarentena, aplicándose multas de hasta 10 millones de pesos por cada trabajador y sanciones penales que van desde los 61 días hasta los 3 años de presidio.

El Senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, dijo que con estas medidas se busca castigar a quienes están poniendo en peligro a toda la población, asegurando que en nuestra región hay poca consciencia de los riesgos del coronavirus.

“Quienes incumplen la cuarentena, deben entender que están cometiendo un delito serio, y esta legislación busca precisamente eso. Las multas se aumentan en hasta un 10 veces y se clarifican una serie de aspectos esenciales, como las sanciones a los empleadores que obliguen a trabajar a quienes deben cumplir una cuarentena y también, se castiga a las empresas o instituciones que sin la debida autorización sigan funcionando a pesar de que se establezca cuarentena o aislamiento sanitario. Con esta ley buscamos sancionar a quienes no cumplen y ponen en peligro a la mayoría, quienes han visto hasta ahora con irresponsabilidad al coronavirus y que no dimensionan el grave daño que están haciendo. Tienen que cumplirse las cuarentenas, y hemos visto en nuestra región que lamentablemente la gente no tiene consciencia de que está pasando y de lo que ha de pasar, que será gravísimo para todos los chilenos”.

El proyecto castiga a empresas que, sin autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio en cuarentena o durante un toque de queda, sancionándose a la empresa con una multa que podría llegar a los 50 millones de pesos, además de la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado y la pérdida parcial o total de beneficios fiscales.

La iniciativa ya fue aprobada en general y particular en la sala del Senado, quedando ahora, su votación en la cámara de diputados.

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